EL PROBLEMA DE LA LENGUA COMÚN

Uno de los factores que más contribuyen a desvincular entre si al común de los habitantes de los distintos territorios de España, es el abandono del idioma español en la documentación oficial que se entrega al ciudadano, sustituyéndolo por un idioma cooficial local y relegando (o secuestrando) sistemáticamente a la lengua histórica de intercomunicación territorial, lo que constituye una manipulación antidemocrática que no respeta los derechos de aquellos contribuyentes de la comunidad autónoma que prefieren recibir en español dicha documentación.

Este fenómeno de desconexión y desestructuración que conduce a aislar lingüísticamente a los habitantes de una autonomía respecto a las otras, es especialmente grave en el ámbito de la educación pública a todos los niveles y refuerza significativamente las estrategias políticas nacionalistas que tienen como objetivo la desarticulación del Estado.

La cooficialidad de una lengua autonómica no debería impedir el derecho a usar la lengua general, sino permitir el uso opcional de ambas, dejando que las lenguas evolucionen libremente según las necesidades de comunicación y el deseo de usarlas que tengan los ciudadanos.

En realidad, lo previsible a medio plazo, si continúa durante varias generaciones la eliminación del idioma español en la documentación pública y en el ámbito educativo de ciertas autonomías, en lugar de su permanencia como seguridad de comunicación general -lo cual es compatible con garantizar también el derecho al uso de las lenguas minoritarias cooficiales mediante formatos bilingües a dos caras; o la libre expresión voluntaria en una u otra lengua de los alumnos y profesores; o la opción mayoritaria deseada por los primeros (ya que quienes contratan el servicio son ellos), sin imposiciones ideológicas ni administrativas- es que esta política conduzca hacia la secesión étnica (étnico lingüística) de los territorios españoles y a la creación de mini estados regionales neo-medievales, incomunicados con los vecinos.

El carácter más antidemocrático, anticultural y etnicista de estas medidas de imposición lingüística, camufladas bajo los eufemísticos términos de “medidas de normalización lingüística” consiste en que impiden la libertad de cambio: el cambio cultural que libre y democráticamente puedan desear los hablantes que prefieren potenciar más en su vida diaria el uso de la lengua general que la autóctona por encontrarla más acorde con las nueva realidad de comunicaciones en amplios espacios (turismo interpeninsular e iberoamericano, las nuevas profesiones, etc.). A estos ciudadanos y a sus hijos se les impide el desarrollo de esta alternativa cultural, que paradójicamente es absolutamente legal.

Paradójicamente también, estos ciudadanos constituyen la mayoría de la población, y mucho más si se refiere la estadística a los habitantes de las ciudades, lugar en donde se aprecia más la necesidad de amplitud comunicativa de las nuevas tecnologías industriales y de servicios. El caso más flagrante de abuso de posición dominante es el de Cataluña, en donde la política de inmersión ligüística impuesta desde el gobierno contradice la realidad de que la gran mayoría de sus habitantes tiene como lengua materna el español. Y estas estadísticas se ocultan reiteradamente esperando que algún día se puedan invertir de signo.

Sin embargo, a pesar de estas realidades, imperan en la mayoría de los dirigentes políticos unos prejuicios etnicistas, por encima de la racionalización de los escenarios insolidarios a los que conducen y las contradicciones con la tangible globalización multiétnica; y a pesar de que no resisten el más mínimo análisis en profundidad, ya que en todas las autonomías españolas han existido distintos idiomas a lo largo de los siglos y en todas ellas se ha introducido en mayor o menor medida desde el siglo XV el uso del español como lengua mayoritaria de intercomunicación peninsular y americana.
Y todas ellas han hecho contribuciones léxicas, semánticas, sintácticas y morfológicas significativas a este idioma común propio, en el sentido de propiedad y apropiado, de todos los españoles.

Ataulfo García

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